Panamá no
pedirá disculpas a Venezuela por “propiciar el diálogo en ese país”, pese a la
ruptura de relaciones diplomáticas decidida unilateralmente por Caracas,
aseguró ayer el presidente panameño, Ricardo Martinelli, en su cuenta de
Twitter.
Mientras,
en Venezuela se elevó a 20 el número de muertos desde que iniciaron las
protestas. Un policía antimotines y un civil fueron alcanzados por impactos en
el enfrentamiento de ayer. Hasta nuestro cierre, los países miembros de la
Organización de Estados Americanos, OEA, debatían en una reunión extraordinaria
un proyecto de resolución para llamar al diálogo y condenar la violencia en
Venezuela.
La sesión
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue
convocada a solicitud de Panamá, para debatir una propuesta de ese país de
llamar a una consulta de cancilleres que analice la crisis venezolana.
El
embajador mexicano, Emilio Rabasa, dijo a la prensa que era imposible alcanzar
los votos para aprobar una propuesta que no fuera encaminada a producir una
declaración “política” de llamado al diálogo, rechazo a la violencia y respeto
a los derechos humanos. “El Consejo está enfocado en hacer una declaración
(...) fundamentalmente llamando al diálogo, lo que pasa es que va a haber
evaluaciones distintas respecto al contenido del diálogo que está ocurriendo
ahora”, adelantó por su lado el secretario del organismo, José Miguel Insulza.
Venezuela
sigue violenta
Los
incidentes de ayer estallaron al día siguiente de que Maduro llamara “a las
Unidades de Batalla Bolívar Chávez (grupos de militancia civiles), a los
obreros y campesinos, a hacer valer la orden de nuestro comandante Hugo Chávez:
candelita que se prenda, candelita que apagamos con nuestro pueblo”.
Testigos
relataron a medios locales que ayer al menos un individuo no identificado
disparó contra un grupo de civiles en motocicleta, mientras estos intentaban
levantar una barricada colocada en el este de Caracas por sectores opositores al
gobierno.
Producto de
la balacera resultaron heridos mortalmente un miembro de la Policía antimotines
y uno de los motociclistas, cuyos compañeros intentaron ingresar por la fuerza
a edificios vecinos desde los cuales eran atacados a pedradas por los residentes.
Por la
tarde, en Altamira, en el acomodado municipio caraqueño de Chacao, nuevamente
se registraron choques entre policías nacionales y decenas de estudiantes, que
atacaron con piedras y con algunas bombas incendiarias. Las fuerzas del orden,
que los dispersaron con gases, detuvieron a 15 personas, según la alcaldía.
Advierten
guerra civil
El
presidente Nicolás Maduro puede estar sembrando “las semillas de una guerra
civil”, acusó por su lado el secretario ejecutivo de la variopinta alianza
opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Guillermo Aveledo.
Es “la
cabeza del Ejecutivo Nacional, quien desde el Paseo Los Próceres en un desfile
cívico-militar, ordenó a consejos comunales, ‘colectivos’ y organizaciones de
campesinos disolver las guarimbas (manifestaciones). Es una respuesta
irracional”, criticó Aveledo.
La
presencia de civiles armados afines al Gobierno que se movilizan en
motocicletas para amedrentar o agredir a opositores ha sido una denuncia
constante de los antichavistas, mientras desde el Gobierno niegan su existencia
y retrucan que hay francotiradores mercenarios a sueldo de la ultraderecha.
Abren mesa
de diálogo
En un
intento por frenar las protestas, el Gobierno instaló ayer una mesa de diálogo
en San Cristóbal, cuna de las protestas, y en la frontera con Colombia. Esta es
la primera mesa de diálogo regional, luego de la apertura de una nacional en
Caracas por Maduro, la cual fue boicoteada por los estudiantes y la MUD,
liderada por Henrique Capriles, derrotado en las elecciones presidenciales de
abril con 49% de sufragios.
El Gobierno
sostiene que las protestas son parte de un golpe de Estado en desarrollo a
cargo de lo que define como grupos fascistas, con participación de Estados
Unidos y sectores de Colombia.
Maduro
incluyó el miércoles entre los responsables al Gobierno panameño por haber
convocado la reunión de la OEA, con lo que dijo se busca justificar una
invasión.
Ayer, desde
Ginebra, cuatro relatores de las Naciones Unidas en las áreas de derechos
humanos, libertad de expresión, libertad de asociación y tortura reclamaron a
Caracas que investigue en forma urgente “las denuncias de numerosos casos de
detención arbitraria de manifestantes”.
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