Dentro de
los próximos 60 días, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada,
Cosep, avalado por los 21 representantes gremiales que integran esa
organización, interpondrá un recurso por inconstitucionalidad en contra del
decreto 06-2014 de reformas y adiciones al reglamento de la Ley de Concertación
Tributaria, publicado el pasado 13 de febrero en La Gaceta, Diario Oficial.
José Adán Aguerri, presidente de la cúpula empresarial, lamentó que la reforma
haya sido publicada sin consenso.
Nuevas
cargas impositivas son la causa, y llaman a sentarse a discutirlas
Tiempos
desfavorables dicen, tras crisis cafetalera y actualización del salario mínimo
a pesar de
que desde el segundo semestre del año pasado el sector privado y el Gobierno
sostuvieron una serie de encuentros para discutir los cambios que se
realizarían, de tal forma que las modificaciones no afectaran a las empresas ni
a la población.
“La
posición del sector privado fue la de decirle al Gobierno que este
posicionamiento era inaceptable para el sector privado. Se les explicaron las
consecuencias. Sin embargo, hay que entender que aquí el poder lo tiene el
Gobierno. Que la decisión final la tiene el Gobierno, más allá de la búsqueda
de diálogo y de consenso”, dijo Aguerri.
“Hay que
sentarse”, dicen
A pesar de
eso, Aguerri señaló que el sector privado seguirá utilizando el canal del
diálogo para pedir al Gobierno que deje sin efecto el reciente decreto que crea
nuevas cargas tributarias a las empresas.
“Nosotros
vamos a introducir este recurso, pero esto no deja sin efecto la aplicación del
decreto. También estamos preparando lo que va ser un recurso de amparo (para)
que si este decreto se llega aplicar nosotros estaríamos trasladando este
borrador para que cada empresa afectada por el decreto introduzca el recurso de
amparo 30 días después”, advirtió Aguerri.
Uno de los
puntos de la reciente reforma con los que no está de acuerdo el Cosep es la
retroactividad que establece el decreto, ya que manda a hacer efectivos los
cambios desde la fecha que entró en vigencia, es decir, el 1 de enero de 2013.
“La
seguridad jurídica, la certidumbre, la confianza son temas que nos ha tomado y
que para ganarlos han sido años, pero esto se puede perder en días, y lo que
nosotros estamos buscando es cómo darle respuesta --como se ha hecho a lo largo
de estos últimos años-- a lo que quieren todos los nicaragüenses, que es
crecimiento económico y generación de empleos”, dijo Aguerri.
Peligro de inflación
El
empresario señaló que las nuevas cargas tributarias que impone el reglamento
afectarán a las empresas del sector formal. Agregó que ese sector en este año,
está asumiendo el incremento de un 1% en la cuota patronal, el dólar de aporte
por cada quintal de café exportado para el plan de transformación y el
desarrollo de la caficultura, y tendrá que asumir el incremento al salario
mínimo y el pago por el servicio de escáner que está por determinarse.
En ese
sentido, Aguerri advirtió que la reciente reforma tributaria empuja a la
informalidad y al desempleo, pero que además podría generar una espiral
inflacionaria, lo cual castigaría a la población.
“Por
supuesto que las empresas en la medida de lo posible van a tratar de trasladar
este incremento al precio final del producto”, señaló Aguerri.
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