El juez instructor del caso de presunta corrupción que sacudió a la familia real española mantuvo este miércoles la imputación a la infanta Cristina, abriendo la vía para que sea juzgada, solo seis días después de la proclamación de su hermano, Felipe VI, como nuevo rey.

La imputación en diciembre de 2011 del esposo de Cristina, Iñaki Urdangarin, de 46 años, por presunta malversación, y después de la infanta, por delito fiscal y blanqueo, este enero, provocó un escándalo que contribuyó a hundir la popularidad del rey Juan Carlos, antes del anuncio de su abdicación el 2 de junio.

Las consecuencias del denominado “caso Noos” son uno de los primeros problemas que debe enfrentar el nuevo monarca, Felipe VI, en el trono desde el 19 de junio.

Alejada, como su marido, de todas las actividades oficiales de la familia real desde hace dos años y medio, Cristina, de 49 años, no estuvo presente en la proclamación de su hermano menor.

Y este miércoles, la Casa del Rey se limitó a expresar su “pleno respeto a las decisiones judiciales”.

“Colaboró activamente”

Cerrando una investigación iniciada en 2010 que el exjefe de la casa real Rafael Spottorno calificó de “martirio”, el juez José Castro, de Palma de Mallorca, decidió mantener imputados, entre una quincena de personas, a Urdangarin y Cristina.

El magistrado considera que Cristina “colaboró activamente” con su esposo, sospechoso junto a un exsocio de haber malversado más de seis millones de euros de dinero público mediante el Instituto Noos, una sociedad sin ánimo de lucro, que presidió entre septiembre de 2003 y marzo de 2006.

“Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa”, escribió en su auto, de 167 páginas.

En su declaración el 8 de febrero, la infanta, que había aparecido serena y sonriente, a firmó no tener “nada que ver” con los negocios de Urdangarin y haber participado en Noos y en la empresa Aizoon, considerada por el juez como una pantalla para el blanqueo, porque su esposo se lo pidió y “confiaba” en él.